Avanza debate sobre justicia alimentaria en México: proponen invertir la carga de la prueba en favor de la niñez.

Especialistas y legisladores analizan reforma al artículo 4° constitucional para garantizar el acceso efectivo al derecho a los alimentos

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026. Se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional “Hablemos de los Niños: Inversión de la carga de la prueba en obligaciones alimentarias”, una iniciativa encabezada por la diputada de Baja California  Eva María Vázquez, con el objetivo de analizar una propuesta de reforma constitucional orientada a fortalecer el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

El foro reunió a especialistas del ámbito jurídico, representantes de la sociedad civil y actores del sector privado para discutir la necesidad de modificar el actual esquema procesal en materia alimentaria, el cual, señalaron, impone cargas probatorias desproporcionadas a quienes reclaman este derecho.

La propuesta plantea que la persona obligada a proporcionar alimentos sea quien acredite su capacidad económica y el cumplimiento de dicha obligación, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Durante su intervención, la Diputada Vázquez subrayó que, si bien el derecho a los alimentos está reconocido en la Constitución, en la práctica enfrenta importantes obstáculos para su cumplimiento.

“El derecho a los alimentos está en nuestra constitución … pero no está en la vida diaria de millones de menores ”, afirmó. Asimismo, advirtió que el modelo actual exige a las personas cuidadoras demostrar ingresos del deudor alimentario, información que suele ser inaccesible por su carácter confidencial.

Entre los principales retos identificados se encuentran la evasión de responsabilidades, el ocultamiento de ingresos y la prolongación de los procesos judiciales, lo que impacta directamente en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora enfatizó la urgencia de la reforma al señalar que el desarrollo infantil no admite retrasos:

“Cuando un niño no recibe alimentación adecuada aunque sea por periodos intermitentes, el daño puede ser irreversible”. 

En el ámbito internacional, especialistas en materia de derechos de la infancia como el maestro Víctor Hugo, consultor legislativo de Childfund, quien señaló que México cuenta con obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Destacó que este instrumento internacional establece el derecho de la infancia a un nivel de vida adecuado, así como la responsabilidad del Estado de garantizar de manera efectiva.

Por su parte, Sandra Espinoza de Earlyi institute abordó la evolución del derecho al cuidado como un eje integral del desarrollo infantil, destacando la importancia de fortalecer los sistemas de atención en la primera infancia.

En tanto, el empresario y abogado Daniel Castañeda señaló que la desigualdad en el acceso a la alimentación impacta directamente en el potencial de desarrollo del país.

Se estima que esta legislatura podrá beneficiar a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes provenientes de familias monoparentales.

La iniciativa busca sentar las bases para un modelo de justicia alimentaria más equitativo, en el que el cumplimiento del derecho a los alimentos deje de depender de condiciones procesales adversas y se garantice de manera efectiva.

Finalmente, se informó que la propuesta fue aprobada para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, marcando su incorporación formal al proceso legislativo. Actualmente, se encuentra en etapa de dictamen, en espera de ser promovida para su discusión en el pleno. 

En este contexto, se hizo un llamado a la participación ciudadana como un elemento clave para fortalecer el impulso de esta iniciativa, subrayando que el involucramiento social es fundamental para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en México

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